Por Amín Sade Amado, presidente AUZ
Publicada en La Estrella de Iquique el lunes 28 de septiembre de 2009
El tiempo legislativo se terminó para el gobierno de la Presidenta Bachelet en materia de reformas laborales. Temas como la negociación colectiva quedarán pendientes para el próximo gobierno y seguramente el debate, pues al parecer los candidatos están interesados en otros temas.
El propio ministro Secretario General de la Presidencia llamó a "quienes quieran que cambie la legislación laboral en Chile, voten por Eduardo Frei". Con ello, delegó la responsabilidad de aprobar una reforma a un posible nuevo gobierno de la Concertación.
Es necesario reconocer que la discusión sobre la reforma laboral en Chile también quedó supeditada y condicionada por la crisis económica mundial, aunque obviamente era un anhelo de sectores sindicales.
Desde un principio el gobierno de la Mandataria anunció una reforma laboral que aumentara el poder de negociación colectiva para los trabajadores. Incluso se hablaba de tener un nuevo Código del Trabajo.
Sin embargo, aún no avanza la discusión y los elementos de juicio abundan. Uno de ellos es que en nuestro país, menos del 10 % de los trabajadores está afiliado a un sindicato. Y lo que es peor aún, de esa cifra, un porcentaje inferior al 10 por ciento negocia colectivamente las condiciones laborales. De ahí nace la idea de agilizar la normativa que le dé fuerza de negociación a quienes trabajan en una empresa.
Todavía no existe claridad de los reales efectos que una propuesta legislativa en esta materia tendría sobre los niveles de empleo. De lo que si existe claridad es que una mala normativa tendrá efectos devastadores en el desarrollo económico del país y no sólo los trabajadores pagaran el precio, sino también las empresas. Las cosas como son. Existe la sensación que en el Gobierno no existe claridad para enfrentar el tema de la reforma laboral. Tampoco, y como es ya la tónica, se ha convocado a los distintos actores políticos y sociales para enfrentar con unidad esta problemática.
Llama poderosamente la atención que en período de campañas políticas se hable del fortalecimiento de los derechos laborales de los trabajadores y sin embargo, al momento de materializarlos, todo queda en nada.
Los empresarios siempre hemos insistido en el modelo de la flexibilidad laboral, que defienda los derechos al interior de las empresas y de las organizaciones privadas.
La aplicación de la flexibilidad laboral requiere de un proceso de desregulación del mercado laboral, en un sistema capitalista y de libre mercado que ya funciona en el país y es exitoso.
La flexibilidad laboral tiene tres componentes: el del empleo, que significa la capacidad de aumentar o disminuir el personal de planta sin demasiadas trabas legales; flexibilidad salarial, entendida como la capacidad "reguladora" del mercado para ajustar el valor del salario y la flexibilidad intersectorial del trabajo, es decir, a la capacidad de movilidad que tienen los trabajadores para poder ocuparse en cualquier segmento del mercado sin mayores restricciones.
La economía chilena demuestra una disminución de su capacidad para generar nuevos puestos de trabajo, precisamente porque no existe flexibilidad laboral y golpea fundamentalmente a los jóvenes que no pueden demostrar experiencia previa. La reforma debe pretender precisamente a corregir el modelo hacia ese ámbito y no restringirlo.