Por Amín Sade Amado, presidente AUZ
Crónica de opinión, publicada en La Estrella de Iquique, el sábado 25 de octubre de 2008.-
Una revisión de todas las órdenes de libertad emitidas desde el inicio de la Reforma Penal en Santiago, es decir, desde junio del 2005, solicitó el pleno de la Corte Suprema, antes que el Ministerio Público desbaratara una red de corrupción que favorecía a delincuentes y narcotraficantes.
En la noticia, de alta conmoción pública, aparecen involucrados funcionarios judiciales, de la policía de investigaciones y posiblemente de otras reparticiones del Estado.
La gravedad de lo sucedido provocó la solicitud de un ministro en visita con dedicación exclusiva, Mario Carroza, quien tendrá la misión de realizar un exhaustivo catastro de las personas que fueron beneficiadas por esta red que lideraba una ex funcionaria policial y judicial.
En el caso, donde se incluye a la fiscal Nancy González que ya realizaba con anterioridad una investigación penal de la red de corrupción, la Suprema solicitó a la Corporación Judicial entregar las resoluciones de libertad registradas en el sistema computacional del 2005 para compararlas con los antecedentes que posee Gendarmería.
Todavía no existe la certeza de cuántos sujetos fueron beneficiados, pero hasta el momento existen órdenes de detención pendientes de unas 20 personas que fueron beneficiados con los "servicios" que prestó la organización criminal.
Llega a tanto el nivel de acción de esta banda que incluso tenía la facultad de eliminar los requerimientos judiciales de personas desde el sistema de gestión policial (Gepol). Sin embargo, el fin de semana se conoció que el Departamento de Informática de la Policía de Investigaciones (PDI) está recuperando los archivos borrados, por lo que "nadie que haya participado o se haya beneficiado con las modificaciones maliciosas de nuestra base de datos quedará impune", aseguró el prefecto general de la Policial Metropolitana, quien ya en mayo pasado dio cuenta de estos ilícitos.
La exposición anterior, viene a relatar una inquietante realidad de la permeabilidad del sistema público chileno.
En un sondeo del Instituto Libertad y Desarrollo, del mes de abril pasado, quedó al descubierto que el nivel de Percepción de la corrupción en Chile aumentó de 4,5 en el 2005 a 5,5 el 2006. El ranking de los organismos más corruptos, en cuanto a percepción y hechos concretos lo encabezan las empresas públicas, especialmente las municipalidades y los ministerios.
El sondeo indica que uno de cada cuatro casos de corrupción conocidos se comete en las empresas públicas. En tanto, entre las instituciones menos corruptas figuran Carabineros, Contraloría y las Fuerzas Armadas.
Las principales formas de corrupción son el tráfico de influencias y los pagos ilícitos y el mal uso de recursos o bienes fiscales. El sondeo establece además que el principal propósito de dichos actos es ganar licitaciones, acción muy de moda por estos días.
Otro estudio efectuado en agosto por la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez, señala que el 70% de los pobres de Santiago cree que en Chile hay alto nivel de corrupción. Según esta encuesta, las entidades con mayor nivel de corrupción para este grupo de la población son los senadores, los diputados y la Corte Suprema.
Entre los hechos que las personas pobres mencionaron en mayor medida como corrupción en el estudio, están las frases como "tener un conocido en un juzgado que le ayude en los fallos", "que un funcionario público reciba dinero o regalos para agilizar un trámite", "que un político vote una ley para beneficiar a una empresa o sus propios intereses", entre otras.
Lo peligroso de esto es que justamente estas entidades son el pilar del País. Todo lo anterior, debe llamarnos a reflexionar sobre el nivel de probidad y competencia de los jefes de las reparticiones públicas y especialmente de los encargados de las grandes empresas que aun mantiene en sus manos el estado. La falta de control en el sector resulta a estas alturas, a lo menos, inquietante.
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