Paro de empleados fiscales

Por Amín Sade Amado, presidente AUZ
Publicada el viernes 14 de noviembre de 2008

El martes recién pasado comenzó una paralización de funcionarios fiscales por 48 horas, la medida pretende lograr un reajuste salarial del 14,5 por ciento, la cual no fue escuchada por las autoridades.
Uno de los objetivos principales de la paralización es presionar al gobierno por la mejora en las condiciones laborales, tratativas que se han extendido por ya varias semanas.
Las manifestaciones de los trabajadores fiscales son válidas en el punto que, legítimamente buscan por el único medio que les queda, la presión, ser escuchados por las autoridades de gobierno y buscar respuestas a sus demandas.
Obviamente, los más perjudicados son los ciudadanos y los contribuyentes, que necesitan realizar trámites cotidianos y ven como su tiempo y paciencia se agotan.
Hace unas semanas, todo el país fue testigo del enorme impacto que provocó el paro del Registro Civil y del deterioro de nuestra imagen como país, ya que muchos afectados fueron turistas extranjeros.
Ahora, la situación fue más grave, pues a la manifestación de fuerza confluyeron la mayoría de las instituciones públicas lo que provoco un daño al sector productivo difícil
de cuantificar, por ejemplo la zona franca vio obstaculizado su accionar debido al paro del Servicio de Aduanas.
A nivel de empresarios, existe preocupación por estas movilizaciones nacionales y el grado de frecuencia con las que se materializan, pues en nada ayudan a la credibilidad, al crecimiento y a la estabilidad del País.
Un país en vías de desarrollo no puede darse el lujo de dejar de funcionar por causa de los paros del sector público. Se supone que somos una nación civilizada, donde los problemas se resuelven en torno a una mesa, dialogando y buscando consensos pero el gobierno en nada ayuda.
Hace ya tiempo que vemos con inquietud como se ha instaurado la errada política de la acción gubernamental basada en la reacción, en vez de la previsión.
La propia Presidenta, llamó hace unas semanas a sus ministros y subsecretarios a adelantarse a los hechos, como una consecuencia directa de los graves problemas detectados en nuestro Hospital Regional “Dr. Ernesto Torres Galdames” y que le costó el puesto a la ministra de Salud.
Lo mismo está ocurriendo con los paros de actividades ligados a la Zona Franca de Iquique, a raíz del impacto que provocará el éxodo de empresarios a la ciudad de Arica. ¿Cuánto deberemos esperar para que el Gobierno nos escuche y se ordene definitivamente la legislación de Zona Franca, para que no se pueda interpretar de acuerdo al criterio de las autoridades de turno? o ¿ también es necesario paralizar la ciudad?
Estamos en un periodo de crisis económica, que está afectando directamente a los bolsillos de los chilenos y no pueden los organismos del estado paralizar el País por muy loables que sean sus aspiraciones.
Se necesita urgentemente una inyección de dinamismo, crecimiento, desarrollo y respeto. Para eso las bases institucionales deben funcionar y propender a facilitar la labor de los generadores de empleo, las industrias, las grandes y pequeñas empresas que ven afectado su accionar cuando el aparato público entra en crisis. La idea, no es llegar a “tocar fondo” para reaccionar, como se ha hecho una costumbre en estos días.
Vemos con preocupación cómo se deterioran las confianzas y son necesarias las medidas de presión como única arma para ponerse de acuerdo.
En muchas ocasiones hemos escuchado como altos funcionarios de gobierno critican al empresariado con respecto a las relaciones laborales, sin embargo está más que demostrado que el que tiene el problema más grave es justamente su sector.
Es necesario una actitud más propositiva a la hora de enfrentar los problemas, limar cuanta aspereza se encuentre en el camino, buscar soluciones inteligentes y de una vez por todas sacar este país adelante.